Ante la gravedad del problema energético  y el notable incremento de la pobreza energética  desde FACU de acuerdo con CECU hacemos un claro posicionamiento:

Si bien hasta ahora  se han tomado las siguientes medidas , algunas pendientes:

1º.- Un nuevo modelo de factura eléctrica con una nueva estructura tarifaria de peajes y cargos. La justificación dada es la intención de fomentar el ahorro energético, la eficiencia, el autoconsumo y el despliegue del vehículo eléctrico.

2º- Aprobación del Proyecto de ley de creación del Fondo Nacional Para La Sostenibilidad Del Sistema Eléctrico (FNSSE). El proyecto prevé un nuevo ingreso del sistema que servirá para cubrir los costes fijos del RECORE.

3º.- Tramitación de un Anteproyecto de Ley para actuar sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico para centrales que entraron en operación con anterioridad a la puesta en marcha del mercado de derechos de emisión (2005). Con esto se evita la sobre-retribución que el sistema marginalista permite a las centrales de generación con tecnologías no emisoras (nuclear e hidráulica).

Esta situación denota que el sistema eléctrico en España necesita una reestructuración profunda debido a que se diseñó en un contexto con altos precios en la electricidad, un mix de generación mayoritariamente fósil y una demanda creciente.

Desde FACU y CECU  denunciamos  la desprotección que están viviendo los consumidores. Fundamentalmente por tres factores:

 1º.- El actual clima de confusión por los cambios recientes experimentados en el suministro eléctrico, unido a la insuficiente formación del consumidor en la materia .

2-Que  es hora que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC)  investigue las irregularidades con manipulaciones de precios como la que sucedió  en 2013.

3- En relación con los consumidores vulnerables, colectivo prioritario a proteger, la única herramienta que actualmente se dispone es el Bono Social y este es totalmente inoperante ante una dura realidad.

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