Pese a que se ha avanzado mucho en materia de derechos de los consumidores en el sector de la alimentación, este sigue teniendo algunas asignaturas pendiente
En España, la Constitución de 1978 establece en su artículo 51 que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondientes al ejercicio de 2019, cada español gastó una media de 2567,17 euros en alimentación, para un consumo medio per cápita situado en 758,19 kilos/litros de alimentos y bebidas. En cuanto al gasto per cápita en alimentos y bebidas fuera del hogar fue de 1060,29 euros, de los que un 60,6% se destinaron a alimentos y un 39,4% a bebidas. Estas cifras confirman la importancia del sector de la alimentación en España, que ha experimentado un incremento del 12,7% en el ámbito del gran consumo en el año 2020 con motivo de la crisis de la Covid-19. Pese a que se ha avanzado mucho en materia de derechos de los consumidores en el sector de la alimentación, especialmente en materia de seguridad alimentaria, este sigue teniendo algunas asignaturas pendientes.
En materia de etiquetado y publicidad de los productos se intenta engañar al consumidor por medio de imágenes o alusiones, a veces incluso legalmente.
Esto se traduce en algunos casos tan habituales como los cereales que se venden como ricos en frutos secos cuando apenas si contienen un porcentaje insignificante de este alimento, o algunos precocinados que tienen un aspecto excelente en el envase que dista mucho de la realidad, por poner solo algunos ejemplos de lo que la organización de consumidores denomina
Para FACU, “otro tipo de prácticas desleales son los fraudes, uno de los retos que tiene la Unión Europea y el mundo en general por delante y que ahora con una economía global son aún más difíciles de detectar tanto metodológica como legislativamente”. FACU destaca, sin embargo, que el sistema europeo, a diferencia del americano, es bastante garantista, “lo que significa que un nuevo alimento, como sería un transgénico, un aditivo, un pesticida, etc., tiene que demostrar que es seguro antes de poderse comercializar”.
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