El Consejo de Ministros aprobó ayer el inicio de la tramitación de la reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). Con el nuevo texto el Ministerio de Consumo podrá sancionar a las empresas que cometan fraudes masivos y abusos sobre los usuarios, y se establecen mecanismos para controlar la compraventa masiva de entradas y garantizar la fidelidad de los comentarios sobre productos online.
El objetivo del anteproyecto es adaptar la normativa a las nuevas formas de comercio electrónico y regular comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras, iniciando así los trámites para transponer al ordenamiento español la directiva de la UE sobre esta materia.
Uno de los principales puntos del documento es conceder a Consumo competencia sancionadora en casos de fraudes masivos que afecten a la unidad de mercado y a la competencia, o cuando sucedan en varios Estados de la UE o el infractor no esté localizado en España en infracciones en relación con el comercio electrónico. Por tanto, la reforma de la ley busca proteger a la ciudadanía y evitar que las empresas tengan incentivos para cometer abusos.
El Ejecutivo ha establecido un nuevo régimen sancionador cuyo objetivo es que las multas derivadas de los fraudes a consumidores “sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, como exige la normativa de la Unión Europea”. Así, las sanciones máximas se elevan hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España; y hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías, cuando estas infracciones tengan lugar en varios Estados miembros.
Con voluntad de reforzar y defender los derechos de los consumidores en internet, el anteproyecto de ley también incluye controles a los buscadores online cuando otorguen puntuaciones y valoraciones superiores a bienes o servicios con respecto a los de sus competidores y no informen de que su posicionamiento responde a publicidad pagada. A este respecto, los motores de búsqueda tendrán que mostrar una descripción de los parámetros utilizados para establecer la clasificación de los resultados, de tal forma que si un precio ha sido personalizado para el consumidor, sobre la base de una toma de decisiones automatizada, se deberá informar del hecho.
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